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La organización identificó 66 puntos de riesgo, en 16 estados del país, siendo los más peligrosos Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. Así lo informa Fernando Batista, quinto Visitador de la CNDH:
Los lugares señalados como peligrosos para el inmigrante son Las Choapas, Agua Dulce, Acayucan, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Macuspana, Huimanguillo, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Ciudad Victoria, San Fernand, Las Terceras y la delegación municipal de Boca son las zonas de más alto riesgo y en Chiapas son Palenque, Arriaga, Pijijiapan, Palenque, Pichucalco".
El informe señala que el 67 por ciento de los delitos, son cometidos en el sureste del país y 29 por ciento en el norte. En un 8.9 por ciento de los testimonios se detectó la participación de autoridades en la comisión de delitos, como policías, personal del Instituto de Migración y agentes del Gobierno que ayudan a los robos a los inmigrantes por parte de la delincuencia. Algunas autoridades golpean y amenazan con armas a sus víctimas.
La Comisión revela que durante el año pasado hubo más de 11 mil víctimas en 214 eventos masivos, lo que implica un aumento con respecto al 2008 donde se detectaron más de 9 mil 700 víctimas de plagio.
En las lista de los 66 puntos de riesgo aparecen además: Baja California, con la zona montañosa de Tecate; Coahuila: Saltillo, Piedras Negras y Ciudad Acuña; el valle de Cuautitlán en Estado de México; Celaya y Apaseo el Alto en Guanajuato; San Juan de los Llanos en Guerrero; Queréndaro en Michoacán; Nuevo León en varios tramos carreteros; los recorridos del tren en Oaxaca; Querétaro desde Pedro Escobedo a San Juan del Río y al menos 4 municipios en Sonora.
Cabe recordar la masacre de 72 inmigrantes en Tamaulipas, de los cuales aun la morgue de Ciudad de México permanecen los cuerpos de 17 personas indocumentadas, que forman parte del grupo de los que fueron asesinados en agosto de 2010. Nadie los ha reclamado, ni ha sido posible su identificación plena. Si al 31 de mayo mantienen su condición anónima, el gobierno mexicano podría inhumarlos en una fosa común.
Entre los cuerpos se presume que hay ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, India y tal vez uno de México, según datos recabados por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
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