El Gobierno canadiense iniciará en julio un plan en el que invertirá 540 millones de dólares, para localizar y deportar a miles de inmigrantes, especialmente solicitantes de refugio cuyo proceso fue denegado. El plan del primer ministro Stephen Harper es encontrar alrededor de 124 mil personas que aun no han logrado un estatus en Canadá y acelerar los procesos de los refugiados que están pendientes.

De acuerdo con medios de comunicación en Estados Unidos, la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, no había podido avanzar en la búsqueda de los mal llamados ilegales por la falta de presupuesto, pero con los recursos destinados por el Gobierno la idea agilizar estos procesos.

Actualmente hay alrededor de 124 mil casos listos para iniciar el proceso de deportación, 42 mil casos para expulsión de Canadá y otros 44 mil casos de personas que no cumplieron la orden de salir del país y se quedaron con ilegales.

Entre las nuevas medidas migratorias está la de reducir de 120 a un máximo de 90 días la revisión de los casos de refugio, por lo que los abogados y los peticionarios tendrán menos tiempo para presentar su caso. La Idea es que los solicitantes de refugio tengan una respuesta más rápida sobre su caso, aspecto que para algunos es positivo, pero que para otros será negativo pues no contarán con muchos días para recopilar y presentar pruebas, para solicitar protección.

Para organizaciones que defienden a los refugiados serán procesos muy rápidos, porque serán 90 días para que los solicitantes encuentren un abogado que los defienda, preparen los argumentos y presentar el caso, lo que se complica en procesos de personas como las mujeres sobrevivientes de violaciones, los homosexuales, las víctimas de torturas, entre otros que salen corriendo de sus países.